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#ManifiestoMx. Mi respuesta a COPARMEX sobre la #reforma102 para conformar una fiscalía autónoma

Ciudad de México, a 13 de abril de 2018.

GUSTAVO A. DE HOYOS WALTHER

Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana Presente.

Estimado Gustavo:

Por supuesto que estoy completamente de acuerdo en impulsar la construcción de una Fiscalía General de la República que goce de plena autonomía y cuya independencia sea garante de su fortaleza y de su eficacia. También busco establecer las características y elementos para construir las fiscalías locales autónomas. Estoy convencido de que los mexicanos necesitamos emprender una verdadera modernización y profesionalización de todo nuestro sistema de justicia que logre, por ejemplo, que el Ministerio Público, federal y local, sea en verdad autónomo y pueda realizar con total libertad e independencia su función esencial en la investigación y persecución de los delitos, lo que exige que cuente con los recursos técnicos y humanos, el equipo y las capacidades requeridas para ello.

Creo, además, que debe de involucrarse a los sectores sociales en el proceso de procuración e impartición de justicia, en primer lugar para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de estos temas. Una mucho mayor participación social es, en mi opinión, la mejor vía para asegurar una mayor transparencia y una adecuada rendición de cuentas, así como una genuina evaluación de resultados, por ejemplo, mediante Consejos Ciudadanos.

En ese sentido, valoro en toda su importancia la labor y la propuesta realizada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil para reformar el artículo 102 constitucional y en la cual es patente el deseo de ciudadanizar aún más el proceso de evaluación y selección del fiscal o fiscales especializados, así como de evitar que estos puedan ser cooptados, al término de su encargo, por intereses políticos. La participación ciudadana es y será la clave de la solución a los problemas que aquejan a México.

Conseguir que un nuevo y más fuerte sistema de procuración e impartición de justicia se arraigue y fortalezca en nuestro país exige una gran dosis de trabajo y coordinación entre los tres poderes y los distintos órdenes de gobierno. Yo me he comprometido a impulsarlo y a lograrlo.

También me he comprometido a luchar para abatir hasta erradicar la corrupción que envenena y carcome nuestras posibilidades de desarrollo; que desalienta a quienes sí hacen bien las cosas y a quienes ponen su capital y su esfuerzo en favor del crecimiento y el desarrollo de México.

La sociedad exige combatir la corrupción y prevenir que resurja. Yo comparto y respaldo esa demanda y sé bien que lograrlo requiere de un marco jurídico bien diseñado; de instituciones sólidas, eficaces y bien coordinadas que no rindan cuentas a los políticos sino a la sociedad ; de servidores públicos profesionales, íntegros y eficientes ; y, por supuesto, de la participación activa de la sociedad civil.

Por ello, a principios de este año presenté a los partidos de la coalición “Todos por México” una iniciativa orientada a erradicar el flagelo de la corrupción. Esta iniciativa tiene tres elementos centrales:

1. Confiscar el dinero, las propiedades y los bienes mal habidos de corruptos y criminales para regresarlos a la sociedad.

2. Aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos. En una democracia, la autoridad se basa y encuentra su legitimidad en la confianza del ciudadano. Si ésta es traicionada por servidores públicos que ceden a la corrupción, todo el sistema democrático se resiente; se resquebraja. Por ello mi iniciativa propone que quien traicione la confianza ciudadana debe pagar no sólo con penas de suspensión e inhabilitación sino también con cárcel. No queremos corruptos ni en las oficinas ni en las calles.

3. Volver obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores. Obligaremos a todos los altos funcionarios del Poder Ejecutivo –y creo que deberemos también 3 hacerlo con los integrantes del Poder Legislativo— a certificar que su evolución patrimonial sea consistente con su salario.

Sobre este punto he hecho también propuestas concretas avaladas en acciones concretas. Además de presentar mi declaración 3 de 3 –declaración patrimonial, declaración fiscal y declaración de intereses—, he presentado cuatro elementos extra que incluyen: una opinión técnica de Contador Público Certificado que acredita la congruencia de mi evolución patrimonial; evidencia que comprueba que en los Registros Públicos de la Propiedad de todas las entidades los bienes a nombre de mi esposa y míos son exactamente los que asienta mi declaración patrimonial; un informe del SAT que detalla mis fuentes de ingreso a fin de comprobar su congruencia con lo declarado; y una declaración de un Notario Público que dé fe de la veracidad de toda esa información. Con una declaración de este tipo por cada alto funcionario público o legislador, lo que yo llamo una Declaración 7 de 7, creo que estaríamos armando bien al país para protegerlo de la corrupción.

No tengo duda de que México se encuentra al inicio de una nueva y gran etapa de su desarrollo económico y social. Aspiro a ser parte de ella junto con los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, los empresarios y en general todos los ciudadanos y a impulsarla, hasta el límite de mis fuerzas, como Presidente de la República. Le envío un cordial saludo.

José Antonio Meade Kuribreña.

 

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